Cooperativas textiles rescatan a "esclavos" de talleres clandestinos en Argentina

Víctimas de trata de personas recuperan un trabajo digno en Argentina con sus cooperativas textiles, apostando a conquistar a diseñadores dispuestos a jugar limpio, en un sector ligado al trabajo esclavo de indocumentados bolivianos.

Ariel García llegó en diciembre de 2014 a Buenos Aires desde Bolivia y enseguida le "tiraron por el piso la ilusión", dijo a la AFP el joven de 22 años reclutado durante varios meses en un taller clandestino. "Es lo peor que me pasó", rememora García, que escapó en mayo del lugar donde fue víctima de trabajo forzoso, como muchos de sus compatriotas. Una vez en libertad denunció a los dueños y hoy trabaja cosiendo en la cooperativa textil Mundo Alameda, una alternativa que se multiplica, de la mano de compañeros de infortunio y activistas.

En Buenos Aires se estima que los llamados "talleres del sudor" se sirven de unos 30.000 obreros costureros en al menos 3.000 espacios de confección clandestinos, precisó Tamara Rosenberg, una de las promotoras de la Fundación Alameda. En una de las capitales latinoamericanas que marca tendencia en moda, activistas laborales afirman que más del 80 por ciento de la ropa que se exhibe en los centros comerciales proviene de estos talleres. Cada tanto se enciende la alarma social por incidentes mortales ocurridos en estas casas con fachadas de abandono, que tienen como rehenes a hombres, mujeres y niños obligados a coser a cambio de comida y un pago muy por debajo del salario mínimo oficial (500 dólares mensuales).

Un aviso al calvario

García encontró su mala suerte a través de un aviso en un periódico boliviano donde se buscaba "un ayudante de costurero para Argentina". Dos días más tarde tomaba un autobús para hacer los 2.635 kilómetros entre Cochabamba y Buenos Aires, donde por poco más de 250 dólares al mes debía trabajar un promedio de 13 horas, seis días a la semana, en un clima de miedo entre desconocidos.

En un habitación "dormía con dos o tres compañeros, hacinamiento total, arroz y fideos todos los días", dijo García. "No había mesa y comíamos sobre las máquinas. Hacía mucho calor, no había aireación, todo cerrado y tomábamos un poco de agua de la canilla", describió, dolido con su explotador, también boliviano y "muy violento". En esa casa-taller vivían 15 personas, entre ellos niños, que fabricaban ropa para la policía, una empresa de seguridad y una marca conocida. Menos sumiso que otros, García se instruyó de las leyes argentinas, juntó pruebas y se fugó para ir a la policía. Logró el cierre de ese taller y el arresto del responsable, pero muchos de sus compañeros fueron llevados a otro "taller del sudor" administrado por un pariente del detenido.

"Los parias de los parias"

Tras su fuga, García tocó la puerta en la Fundación La Alameda -como otros compañeros- donde lo recibió Tamara Rosenberg, coordinadora de los pedidos de clientes, diseñadores independientes, y el trabajo de la marca propia, Mundo Alameda. "La cooperativa nació en 2002 como una manera de darle una fuente de trabajo digno a gente que se acercaba al comedor comunitario", contó Rosenberg. La experiencia se replica en una docena de cooperativas, pero es difícil la competencia desleal del trabajo clandestino, sostienen.

El ruido de las máquinas de coser atraviesa el enorme salón donde funciona el taller con vista a un parque, muy diferente al encierro que padeció Ariel y otros que no quieren relatar sus padecimientos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso, que genera ganancias por 150.000 millones de dólares al año. "Estos trabajadores son los parias de los parias en la cadena de producción", dijo a la AFP León Piasek, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina.

"Ni un pibe menos"

Argentina aprobó el año pasado leyes para combatir el trabajo ilegal y el fraude laboral, pero aún es insuficiente, dice Piasek. Según Rosenberg, el problema es la "connivencia política y judicial", porque detrás de estos talleres se suelen esconder delitos como narcotráfico y lavado de dinero.

Uno de esos talleres denunciados por La Alameda, administrado por un ciudadano coreano, se incendió en abril pasado y murieron dos niños bolivianos, Rodrigo y Rolando, de 7 y 10 años. En su fachada, en una zona residencial del barrio de Flores, se pintó un mural que dice "Ni un pibe menos", durante una marcha en reclamo de justicia. En la vereda aún permanece una montaña de telas y ropa medio quemada, custodiada por un policía, en un hecho que se sospecha fue provocado para ocultar pruebas. (AFP)