Admitida a trámite la querella contra Dimas Gimeno por presunto espionaje

A pesar de que su destitución al frente de la compañía española de grandes almacenes El Corte Inglés se llevó a cabo el 18 de junio de 2018, su etapa al frente de la empresa familiar, que estaba llamado a presidir por expreso deseo de su tío, mentor y anterior presidente del Grupo, Isidoro Álvarez, sigue persiguiendo a la figura del popular empresario madrileño Dimas Gimeno. Quien se mantuvo como presidente del que no es sino unos de los principales grupos europeos de la gran distribución desde el 16 de septiembre de 2014 y hasta que, en el marco de una dura batalla familiar, se viera empujado fuera de la compañía para, ya finalmente, terminar desvinculándose del Grupo con la venta, a comienzos de febrero de 2021, de sus participaciones en la sociedad instrumental IASA.

Así pues, por mucho que el empresario se encuentre en estos momentos enfocado a sus negocios de inversión y retail a través de nuevos proyectos como Kapita, su brazo inversor, y Wow, su apuesta por un espacio comercial “phygital” de nueva generación con cuya inauguración —el pasado mes de marzo en el número 18 de la Gran Vía de Madrid — no ha cesado de recoger titulares, todo hace indicar que Gimeno deberá de seguir rindiendo cuentas por lo acontecido durante su etapa al frente de El Corte Inglés. Y a este respecto, en especial durante esa última recta final de su presidencia que llegó marcada por su cruenta batalla contra sus primas, las hermanas Álvarez. Una etapa que terminó cerrándose con el nombramiento primero de Jesús Nuño de la Rosa, y posteriormente de Marta Álvarez como nueva presidenta del Grupo, y periodo que se encuentra ahora bajo el más estricto de los escrutinios después de que el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid haya decidido admitir a trámite la querella interpuesta en contra de Gimeno y de su más cercano circulo familiar, por los supuestos delitos de revelación de secretos, prevaricación y organización criminal, como consecuencia del, igualmente supuesto, espionaje al que Gimeno habría llegado a someter tanto a consejeros de El Corte Inglés, como incluso a jueces y fiscales.

Investigación abierta con el visto bueno de la Fiscalía

Es precisamente en el marco de aquel incendiado conflicto que mantuvo enfrentadas a las dos ramas de la familia Álvarez, por un lado a Dimas Gimeno y su familia, y del otro a las hermanas Marta y Cristina Álvarez, por el control del gigante español de la gran distribución, donde se sitúan los hechos que Ángel Barutell, su esposa Gloria Allende y el periodista Eulogio López, ponían en conocimiento del Juzgado en la querella que interponían contra Dimas Gimeno, su hermano Miguel Ángel Gimeno y su madre María Antonia Álvarez, hermana de Isidoro Álvarez, el pasado mes de diciembre de 2021. Escrito que terminaba recayendo en manos de la magistrada Inmaculada Lova del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, quien ahora se ha decidido a admitir a trámite la querella y a abrir una investigación, después del informe a favor de la causa recibido de parte de la Fiscalía.

Según sostienen los querellantes, en base a las informaciones que se han encargado de adelantar desde el medio generalista Voz populi, Ángel Barutell, quien se mantuvo como director de Relaciones externas de El Corte Inglés durante más de cuarenta años, su esposa Gloria Allende y el periodista Eulogio López, no dudaron en posicionarse y en atender la petición de ayuda que recibieron por parte de los hermanos Gimeno y de su madre, frente a las movimientos que en su contra comenzaban a producirse en el seno de la Junta Directiva de la compañía de grandes almacenes. Un apoyo que se abrieron igualmente a brindarles en la batalla judicial que iniciaban contra las hermanas Álvarez y sus intentos por hacerse con el control de El Corte Inglés, en lo que les llevó a mantener una serie de encuentros periódicos en el domicilio familiar del matrimonio Barutell-Allende.

En una de estas reuniones, y siempre atendiendo a la versión de los querellantes, Miguel Ángel Gimeno les habría informado de que su hermano había contratado los servicios de una agencia de espionaje internacional especializada en delitos informáticos, y que necesitaban analizar sus teléfonos móviles para comprobar el que estos no estuvieran intervenidos por Juan Carlos Fernández Cernuda, jefe de Seguridad de El Corte Inglés y la que habría llegado a calificar de persona “muy peligrosa”. Un movimiento que, sostienen los tres querellantes, no habría sido más que un ardid para que estos accedieran a introducir una serie de códigos en sus teléfonos móviles, con los que en realidad estaban permitiendo la clonación de sus teléfonos móviles. Hecho sobre el que comenzaron a sospechar pocos días después, cuando empezaron a observar un mal funcionamiento de sus terminales, con cortes de llamadas y la desaparición de conversaciones, no dudando en transmitírselo a los tres miembros de la familia Gimeno, quienes les aseguraron, tal y como habían hecho poco después de que accedieran a introducir las mencionadas claves, que sus dispositivos habían sido analizados y de que no tenían de qué preocuparse.

Espionaje a consejeros, jueces y fiscales con el software de Pegasus

A pesar de este mensaje tranquilizador, como respuesta a unas sospechas que todo hace indicar que en un primer momento iban dirigidas hacia el entorno de las hermanas Álvarez, la relación entre las partes terminaría enfriándose después de que el 7 de mayo de 2018 uno de los miembros del matrimonio Barutell-Allende encontrase un aparato de escucha en su vestidor. Momento en el que se decidieron a contactar con un experto en seguridad que realizó un barrido en su domicilio, fruto del cual encontró un micrófono adicional alojado en la biblioteca. Habitación que era en la que mantenían todos sus encuentros con los miembros de la familia Álvarez por expreso deseo de María Antonia Álvarez, aseguran, en lo que les terminó de convencer de que serían estos los que se encontrarían tras estas acciones de supuesto espionaje. Una situación de extrema vigilancia a la que se habrían encontrado sometidos, y para la que acusan ahora a los tres miembros de la familia Gimeno de haberse servido de los servicios de las agencias de espionaje Kroll, Intelligence Bureau y NSO Group, la desarrolladora israelí que comercializa el tan en boca de todos software de espionaje Pegasus.

Para sostener sus acusaciones, los querellantes sostienen haber presenciado como durante uno de sus encuentros María Antonia Álvarez hizo entrega a Miguel Ángel Gimeno de una elevada cantidad de dinero en efectivo para pagar a las agencias de espionaje que, supuestamente, Dimas Gimeno había contratado; el haber observado como el mismo Miguel Ángel llevaba a cabo desde su dispositivo móvil un seguimiento por geolocalización de varias personas; o el haber escuchado cómo manejaban información sensible sobre miembros del Consejo de Administración de El Corte Inglés, como conversaciones y documentación gráfica de supuestas relaciones extramatrimoniales. Una información que manejaban con el fin de llegar a extorsionarles para que Dimas Gimeno no fuera cesado de la presidencia, como parte de una estrategia que, alegan, pasaba entonces por presentar el mayor número posible de causas contra las hermanas Álvarez con vistas a, o bien empujarlas a ceder en sus intentos de asalto a la presidencia de El Corte Inglés, o bien pactar el mejor de los precios posibles para la venta de sus aciones en la sociedad familiar IASA. Unas aspiraciones que, de ser ciertas, precisamos desde aquí que los hechos habrían terminado por determinar que en ningún caso los querellados habrían llegado a ver satisfechas, tras la llegada de Marta Álvarez a la presidencia del Grupo y una venta de sus participaciones en IASA que se habría terminado por formalizar en un precio muy inferior al esperado.

Dejando estas últimas valoraciones al margen, con la suma de esta serie de capítulos, los querellantes se habrían decidido finalmente a cortar sus relaciones con el núcleo familiar de los Gimeno-Álvarez, al entender que podrían estar siendo objeto de un seguimiento y de unas labores de espionaje al igual que otros históricos miembros de la dirección de El Corte Inglés, así como, asegurarían ahora haber acreditado, hasta incluso los jueces y fiscales cercanos a las causas abiertas en su batalla contra las hermanas Álvarez por la presidencia de la compañía. Teniendo no obstante desde entonces que a asistir a episodios como el acontecido el pasado 28 de mayo de 2018, cuando, poco después de uno de sus últimos encuentros, unos individuos sin identificar asaltaron el garaje del domicilio familiar de los Barutell-Allende.

Una acción esta última que los querellantes defienden en su escrito que fue un aviso para que no hablasen ni llevaran a cabo ninguna acción en contra de los Gimeno, y a la que se sumó el descubrir, pocos meses después, a su vuelta de las vacaciones de verano, como un vehículo con unos extraños cables en su asiento se encontraba aparcado en frente de su domicilio. Lugar en el que permaneció, sostienen, durante más de un año sin que fuera identificado por ninguno de los vecinos próximos a su vivienda de las afueras de Madrid, como parte de una concatenación de extraños sucesos al que se termina por sumar la certeza de que efectivamente sus dispositivos móviles habían sido clonados. Unas sospechas que terminaron por ser verificadas después de que uno de los tres querellantes se decidiera a recurrir a los servicios de un experto perito en informática, quien le confirmó el que, efectivamente, la tarjeta de su dispositivo móvil había sido clonada y que otros dispositivos estaban accediendo a todas sus comunicaciones.

Primeras diligencias de la investigación en curso

Llevando a cabo de este modo una recopilación de los hechos y de las conversaciones a las que asistieron durante sus encuentros con los querellados, una descripción de esos “singulares” episodios que vivieron una vez trataron de distanciarse de los mismos, y todo ello en compañía de una aportación de documentación en la que se incluirían fotografías del vehículo apostado a las puertas del domicilio de los Barutell-Allende, imágenes de los micrófonos interceptados en su interior o un informe elaborado por el perito que identificó el que los dispositivos habían sido clonados, los tres querellantes interponían la mencionada querella el pasado mes de diciembre. Iniciándose en ese momento unas primeras diligencias que pasaban por valorar su tramitación previo informe de la Fiscalía.

A este respecto, el Ministerio Público solicitaba a comienzos de este mismo mes de junio de 2022 que la juez Inmaculada Lova, como titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, iniciara la investigación contra el expresidente de El Corte Inglés, su hermano y su madre María Antonia Álvarez, reduciendo la causa eso sí a únicamente el posible delito de revelación de secretos por efecto de la supuesta operación de espionaje, y sacando de la misma los delitos de prevaricación y organización criminal que contemplaban los querellantes en la presentación de su escrito. Atribuyendo a este respecto, según adelantan desde la Agencia Efe, a María Antonia Álvarez el papel de instigadora, a Miguel Ángel el de encargado de controlar la operación, y a Dimas Gimeno el de haber abonado las desorbitadas cantidades de dinero que permitieron financiarla.

A partir así pues y ya de este momento, y como primeras investigaciones oficiales de la causa, el próximo 23 de junio a las 11:00h de la mañana han sido citados los querellantes para que acudan a declarar y se ratifiquen en sus acusaciones frente al Tribunal. Jornada para que también se habría citado, según fuentes jurídicas a las que habrían tenido acceso desde el generalista Vozpopuli, el experto perito responsable de certificar la clonación de los dispositivos móviles. Todo en el marco de la investigación oficial de la causa abierta ya formalmente por el Juzgado, como consecuencia de unas acusaciones frente a las que tanto el propio Dimas Gimeno como su círculo más cercano, sostienen desde la Agencia Efe, desmienten “tajantemente” los hechos delictivos que se les tratan de atribuir, así como el haber contratado los servicios de ninguna agencia de investigación tal y como argumentan, y dicen haber acreditado, los querellantes.