H&M, Inditex, Mango y Primark, entre las acusadas por sostener prácticas desleales con sus proveedores en Bangladesh

A falta de menos de una semana de conocer qué marcas y grupos internacionales se van a decidir a adherirse libremente al nuevo Acuerdo de Pakistán, y mientras las principales multinacionales de la moda siguen tratando de hacer gala del buen trato y el compromiso ético que activamente buscan imprimir sobre sus respectivas cadenas de valor formando parte de, entre otras, iniciativas como el propio Nuevo Acuerdo Internacional de Bangladesh o de la Ethical Trading Initiative, un reciente, y concienzudo, informe desnuda y pone en evidencia el, supuesto, trato poco ético que más de 400 firmas de moda, entre ellas las principales marcas comerciales del Grupo H&M, de Inditex y de Gap, habrían mostrado hacia con sus proveedores en Bangladesh. Un comportamiento que habrían venido adoptando desde antes incluso de la pandemia, sobre el que habrían reincidido de forma aún más acuciada durante su etapa más dura marcada por la incertidumbre, y desde entonces hasta igualmente posteriormente a que se retomara la actividad en las fábricas a partir de mediados/finales de 2020.

Financiado por la Universidad de Aberdeen, en Escocia, y contando con el apoyo de las organizaciones Center for Global Development y Transform Trade, el informe, publicado bajo el título “Impact of global clothing retailers’ unfair practices on Bangladeshi suppliers during Covid-19” (Impacto de las prácticas desleales de los minoristas mundiales de ropa en los proveedores de Bangladesh durante el Covid-19) guarda como objetivo el profundizar en los efectos que las prácticas de los principales minoristas globales terminan ejerciendo sobre el conjunto de los actores de la industria, en los fabricantes y proveedores y en sus empleados. Fin para el que en este caso se ha puesto el foco en tratar de analizar cómo y en qué grado las prácticas de compra de los principales minoristas de la moda terminaron impactando en sus proveedores durante los tiempos marcados por la pandemia por Covid-19, y como estas mismas prácticas terminaron afectando directamente a las condiciones laborales de los trabajadores que, por extensión, forman parte de sus mismas cadenas de valor.

“Nuestro objetivo era investigar las prácticas comerciales desleales de los minoristas globales con sus proveedores en Bangladesh”, entran a sintetizar sus responsables a través del mismo informe. Un país que “comenzó a exportar prendas de confección a finales de la década de los 70”, momento en el que el sector “representaba menos del 4 por ciento de las exportaciones totales” del país, para desde entonces convertirse en uno de los mayores proveedores de las firmas internacionales, principalmente de Europa Occidental y América del Norte, alcanzado para 2018/2019 el “84 por ciento” de las exportaciones, convirtiéndose en “el sector manufacturero más importante de Bangladesh”, representando “alrededor del 20 por ciento” de su PIB, y dando trabajo a cerca de “cuatro millones de trabajadores” de manera directa, pero con “más de 12 millones de personas” dependiendo “del sector para sus sustento”. Una población que veía así firmemente amenazada su supervivencia a medida que se propagaba el virus del coronavirus.

“Cuando el Covid-19 comenzó a propagarse en el Norte del mundo a principios de 2020, las marcas y los minoristas percibieron el riesgo de una disminución de la demanda de ropa de confección, provocada en parte por los cierres obligatorios decretados por los Gobiernos de las tiendas físicas y con las personas trabajando desde casa”. Una disrupción que llevó a que “el 24 de marzo de 2020, la industria de la confección de Bangladesh terminase enfrentándose a aplazamientos y cancelaciones de cerca de 2 mil millones de libras en pedidos para la exportación, principalmente destinados a Europa y América del Norte”. Una cifra que para junio “había aumentado hasta los 3.700 millones de libras”, en lo que abría actuado como detonante de las prácticas desleales que se habrían seguido sucediendo entre las principales marcas minoristas de la moda hacia con sus proveedores en Bangladesh, desde donde les acusan tanto de la cancelación de pedidos, como de forzar reducciones de precios hasta inclusive los términos cerrados en un contrato comercial, de la negativa a pagar por bienes ya entregados o en producción, y/o de retrasos en el pago de las facturas.

Acusaciones por cancelaciones de pedidos y/o reducción de precios al inicio de la pandemia

Elaborado a partir de los datos recabados en una encuesta realizada sobre el terreno a los propietarios y/o gerentes de más de 1.000 fábricas de Bangladesh, en diciembre de 2021, y hecho publico este mismo mes de enero de 2023, como principales datos de base del estudio se establece que de las 1.000 fábricas encuestadas, el 19,6 por ciento eran de tamaña pequeño (1-120 trabajadores), el 57,9 por ciento medianas (121-1.000 trabajadores) y el 22,5 por ciento grandes (más de 1.000 trabajadores), contando como mano de obra a un total de 789.302 empleados a fecha de marzo de 2020, momento a partir del cual comenzaron a paralizar su producción. Una plantilla que en su conjunto se llegó a reducir hasta los 589.302 empleados cuando las fábricas reabrieron en abril de 2020, alcanzando los 719.966 trabajadores a fecha de diciembre de 2021.

Con estos datos de la muestra como indicadores del espectro a partir del cual se ha terminado elaborando el informe, entrando a desgranar ya sus resultados, en su conjunto los encuestados llegaron a citar 1.138 marcas de moda para las que habían sido contratados para producir colecciones en febrero de 2020. Firmas de las que informaron que el 37 por ciento de ellas, cerca de unas 420 marcas, habían estado involucradas en prácticas desleales. Con cerca de un 25 por ciento de ellas acusadas de, supuestamente, cancelar en su totalidad o parcialmente pedidos; el 19 por ciento de reducir el pago en comparación con el acordado en el contrato; el 10 por ciento negándose a pagar por los bienes ya en tránsito o en producción; y el 24 por ciento retrasándose en el pago de bienes ya entregados por más de 3 meses. Siendo estos unos porcentajes que no obstante varían, y a peor, para los casos de precisamente aquellas compañías que, por su tamaño, mantienen vínculos comerciales con 15 o más fábricas. Un grupo integrado por cerca de un total de 78 marcas comerciales, recoge el informe, de las que un 90 por ciento habrían estado participando en prácticas desleales hacia sus proveedores, con un 86 por ciento acusadas de cancelación de pedidos, un 85 por ciento acusada de reducir el precio con respecto al precio acordado en el contrato, un 50 por ciento negándose a pagar mercancías que ya estaban en tránsito o en producción, y con un 85 por ciento retrasando por más de tres meses el pago de pedidos ya entregados.

De este “noble” grupo, desde el mismo informe se destacada a una selección de 22 marcas/minoristas que contaban con contratos con 15 o más fábricas de la muestra del estudio en marzo de 2020, y del que todos “fueron mencionados por uno o más proveedores como canceladores de pedidos totales o parciales, de negarse a pagar por bienes en tránsito o en producción y de retrasar el pago de bienes ya enviados por más de tres meses”, mientras que “el 95 por ciento” lo fue como responsables de “reducir el precio” de los acuerdos “en comparación con el que fueron contratados”. Un grupo del que además se destaca el que “cinco marcas/minoristas se encontraban entre los 10 principales minoristas de ropa a nivel mundial en 2020 por facturación”, con “Inditex ocupando la primera posición, H&M la tercera, Gap la cuarta, PVH la sexta y Next la octava”, miembros así pues destacados de esta lista de 22 compañías puestas bajo sospecha, que se termina de completar con los nombres de Aldi, Asda/Walmart, Best Sellet, C&A, Costco, JC Penny, Kiabi, KIK, Li&Fung, Lidl, LPP, New Yorker, Next, OVS, Pep&Co, Primark, Tesco y US Polo Association.

Como casos a destacar de los datos facilitados, nos encontramos así con una Inditex que contaba con unas 90 fábricas consultadas para este informe entre su red de proveedores para marzo de 2020, de entre las cuales un 31 por ciento acusó a la compañía de cancelar total o parcialmente pedidos, un 30 por ciento de retrasar los pagos por mas de 3 meses, un 27 por ciento de forzar una reducción del precio acordado, y un 10 por ciento de haberse negado a pagar por bienes en tránsito o en producción.

Unas prácticas desleales que siguieron hasta diciembre de 2021

Lejos de resultar así pues desleales, en los términos de este informe, el comportamiento que mostraron estos y otros minoristas hacia con sus proveedores en Bangladesh a medida que arreciaba la pandemia por coronavirus, las mismas y otras prácticas siguieron alimentándose una vez que las fábricas comenzaron a retomar su actividad, principalmente entre los meses de mayo y agosto de 2020. Fechas desde las que una cuarta parte de los 1.000 encuestados, afirmaron que sus compradores les habían estado presionando para reducir el precio de sus servicios, en lo que había terminado llevando al 18,4 por ciento de ellos a tener problemas para poder abonar el salario mínimo legal de Bangladesh, situado en unas 2,30 libras al día, unos 2,60 euros al cambio actual, e importe que, destacan desde Transform Trade, se mostraría completamente insuficiente para vivir.

En consecuencia, desde el mismo informe se presenta una nueva lista, integrada en este caso por un total de 26 grandes marcas y minoristas con relaciones con 15 o más fábricas en Bangladesh, a las que en este caso se les acusa de estar pagando a algunos de sus proveedores el mismo precio por sus servicios en diciembre de 2021 que en marzo de 2020, con el 72 por ciento de ellas inclusive siendo acusada de comprar en algunas de sus fábricas por debajo de los costes de producción, y el 96 por ciento de ellas de hacerlo en fábricas con dificultades en lograr abonar el salario mínimo. Encontrándonos en este caso con un grupo integrado por Aditya Birla Fashion, Aldi, Bestseller, C&A, Costco, Factory, Gap, H&M, Inditex, Kiabi, KIK, Li and Fung, Lidl, LPP, Mango, New Yorker, Next, OTTO, OVS, Pep&Co, Primark, PVH, Target, Tesco y US Polo Association.

De esta serie, todas las marcas/minoristas “compraban a algunos proveedores que decían que tenían dificultades para pagar el salario mínimo, excepto Costco”, mientras que “las tres cuartas partes” vinculadas a “Costo, Gap, Kik, LPP, Mango, New Yorker, Otto y PVH dijeron que estaban vendiendo a estos minoristas al mismo precio en diciembre de 2021 que en marzo de 2020”, destacándose los casos de New Yorker y Kiabi, señaladas por el “90 por ciento” de sus proveedores consultados para la elaboración de este informe. Encontrando igualmente en este caso a una Inditex que contaba ya para diciembre de 2021 con 112 fábricas de las vinculadas a este informe dentro de su red de proveedores, de las que un 57 por ciento le estaba facilitando mercancías al mismo precio que en marzo de 2020, un 17 por ciento contaba con dificultadas para pagar el salario mínimo, y un 11 por ciento se encontraba produciendo por debajo de los costes de producción. Mientras que en el caso de Mango el número de proveedores para entonces de la compañía española ascendía a solamente 21 proveedores, de los cuales un 81 por ciento estaba facilitándole los pedidos al mismo precio en diciembre de 2021 que en marzo de 2020, y con un 14 por ciento de ellas asegurando contar con dificultades por llegar a abonar el salario mínimo a sus trabajadores.

Un “desleal” comportamiento con efecto directo sobre los trabajadores

Además de este análisis sobre la situación en la que se encontraba el conjunto de la industria de la confección en Bangladesh, antes y después de la vuelta a la actividad a medida que se fueron levantando las restricciones impuestas con motivo de la pandemia, el informe se completa con una serie de apreciaciones complementarias vinculadas tanto a los esfuerzos que los minoristas están dejando en manos de sus proveedores, como de los efectos que sus, supuestas, prácticas abusivas terminan teniendo sobre el conjunto de los trabajadores de las fábricas. Añadiendo igualmente, y a modo de conclusión, una serie de recomendaciones para que los Gobiernos de los países de los que son originarias las marcas y el propio Gobierno de Bangladesh, actúen para tratar de poner fin a esta suma de “prácticas de compra injustas” mediante, entre otras acciones, la creación de una suerte organismos u organismo regulador del comercio textil, con competencia inclusive transfronteriza, que contribuya a “detener las prácticas de compra desleales por parte de marcas y minoristas internacionales”.

“El covid -19 ha puesto al descubierto cómo operan los compradores, mientras intentan reducir sus costes de producción para aumentar sus beneficios”, se destaca dentro del informe, de manera que “las marcas/minoristas del norte(con pocas excepciones) continuaron siendo rentables”, mientras “sus proveedores en Bangladesh y en otros países del Sur mostraban dificultades para pagar salarios (decentes) a sus trabajadores y cumplir con unos plazos de producción ajustados”. “El precio de la ropa barata en el Norte es que los trabajadores del Sur reciban salarios de miseria y trabajen en malas condiciones”, apostillan, al tiempo que se censura el que “las fábricas deben cubrir los costos de cumplir con los requisitos de los códigos éticos de los compradores”, de manera que “aquellos que venden a minoristas/marcas que se han suscrito al Nuevo Acuerdo Internacional”, por ejemplo, “tienen que pagar el costo de cumplir con los estándares de salud y ocupacionales del Acuerdo o perder el beneplácito de la marca/minorista”. Un requisito para el que el 86 por ciento de las fábricas encuestadas aseguraron haber hecho frente al coste en solitario de esos gastos, con solamente el 10 por ciento apuntando a haber obtenido un apoyo total, y co un 4 por ciento afirmando haber recibido un apoyo parcial por parte de las marcas y minoristas para las que fabrican.

“La carga del cumplimiento de las auditorías ilustra cómo los minoristas esperan que los proveedores asuman costes adiciones sin un aumento de precios”, aguardando el que igualmente “absorban el aumento del coste de las materias primas y las medidas de mitigación para frenar el Covid-19”. Un punto que de este modo viene a completar “esta investigación” sobre “prácticas comerciales desleales” desarrolladas al amparo de la pandemia por parte de las marcas y compradores internacionales, cuyo impacto terminó afectando directamente a “las prácticas laborales de los proveedores, como a través de la rotación de trabajadores, la pérdida de empleos y el pago de los salarios mínimos legales”.

Como resultado, “recomendados a los país con grandes mercados de consumo donde los minoristas y las marcas globales venden su ropa”, se apunta en el informe, que “legislen para frenar las prácticas de compra desleales proscribiéndolas y nombrad un tribunal o un organismo de control para la moda”. “Esto garantizaría que los compradores y minoristas no puedan volcar desproporcionadas e inapropiadas amenazas sobre sus proveedores”, se añade, y el “que los minoristas y las marcas se ajusten a las normas de las prácticas de comercio justo”.

Inditex, C&A, Lidl y Primark se defienden de las acusaciones

En respuesta a las conclusiones de este informe, sus responsables terminaron poniéndose en contacto con las 27 marcas y minoristas con relaciones comerciales con 15 o más fábricas mencionadas. Un grupo del que finalmente 4 se decidieron a ofrecer una respuesta a las acusaciones y/o sombras que desde sus páginas se terminan vertiendo sobre los vínculos que mantienen con su red de proveedores, respuestas ofrecidas por C&A, Lidl, Primark e Inditex, desde las que, a grandes líneas, todas apuntan a la seriedad con la que se toman estas acusaciones que se vierten en su contra, enfatizando las garantías que respectivamente adoptan para prevenir y evitar el que actos como los descritos lleguen a producirse dentro de sus respectivas cadenas de valor.

El Covid-19 “ha traído consigo muchos desafíos y cambios sociales que han tenido in gran impacto en nuestros trabajadores de la cadena de suministros”, y “en consecuencia, en Inditex diseñamos una estrategia para apoyar a esos trabajadores desde el principio de la pandemia, enmarcada en nuestra estrategia Worker at the Center y articulada en torno al Marco de las Naciones Unidas para la Respuesta Socioeconómica Inmediata al Covid-19”, explicaban desde Inditex en respuesta a las sombras arrojadas desde este informe sobre las relaciones que mantienen con los miembros de su red de proveedores en Bangladesh. Destacando, igualmente como parte de su respuesta, el que, entre otras medidas, “garantizamos el pago a todos los pedidos ya realizados y en proceso de producción y trabajos con instituciones financieras para facilitar la concesión de préstamos a proveedores en condiciones favorables”. Invitándonos en su caso a consultar su Informe Anual de 2020 para el caso de querer profundizar “sobre todas las medidas implementadas para proteger a los trabajadores en nuestra cadena de suministros”.